La actualidad normativa en España genera un nuevo foco de incertidumbre para los propietarios y gestores de activos este 5 de marzo. Tras el rechazo en el Congreso de la última prórroga del decreto antidesahucios, miles de procedimientos judiciales que permanecían suspendidos han recuperado sus efectos jurídicos, lo que anticipa una primavera de alta tensión social y operativa. Paralelamente, el Gobierno central estudia la implementación de nuevas penalizaciones en el IRPF para aquellos arrendadores que incrementen las rentas por encima de los índices de referencia en las zonas declaradas como tensionadas. Esta medida, sumada a la presión sobre los pisos turísticos en ciudades como Barcelona y Madrid —donde el proyecto «Madrid Nuevo Sur» busca precisamente ampliar el parque de alquiler asequible—, está provocando un trasvase de viviendas hacia el mercado de venta o alquiler de corta estancia. Para las empresas del sector, el reto en 2026 será navegar un entorno legal complejo donde la profesionalización de la gestión se vuelve indispensable para mitigar riesgos y asegurar la rentabilidad.